Corrupción y elecciones

Por Fernando Corzantes

En el Estado de México se comprueba fehacientemente el ciclo de corrupción y elecciones, como lo señala el periodista Carlos Heredia, y no es necesario el contar con un gran aparato de investigación para observar y comprobar la circulación de grandes flujos de dinero que impulsan campañas, compran votos, pagan a medios, financian tarjetas rosas, pagan operadores de todos los niveles, entregan despensas y todo tipo de bienes y servicios, a costa de recursos públicos provenientes del propio Estado de México así como de amigos en otros estados y de instituciones y funcionarios de la federación. Todo ello se realiza con total descaro, acusando y justificando que la corrupción, irregularidades e ilegalidades esta en todos.

La vorágine de la corrupción en los procesos electorales, impacta en procesos artificialmente más costosos de lo que ya son. El costo de la democracia mexicana es el más alto de América Latina, el cual se estima en 18 dólares por voto contra, 29 centavos de dólar en Brasil, de acuerdo con estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En un foro realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios del país, en febrero pasado se presentaron las cifras que señalan la necesidad de reducir el costo de operación de nuestro sistema político. Las respuestas de académicos, diputados y consejeros electorales que participaron en ese acto fueron diversas, pero coincidieron en que son indispensables los cambios al modelo, pues éste ha llevado a una crisis de representatividad.

En el encuentro se consideró que el financiamiento público a los partidos ha logrado el propósito con que fue instaurado con las reformas a las leyes de 1977 y 1997: crear un sistema con condiciones de equidad para la competencia electoral. Uno de los ejemplos palpables de lo caro que cuesta nuestra democracia es el financiamiento a los partidos políticos, los cuales recibieron en 2015, año de elecciones, más de 9 mil millones de pesos. Y además se destinaron a las instituciones electorales 37 mil millones de pesos, para 22 mil burócratas. Por ello la propuesta de reducción; pero la solución debe ir más allá de reducir los recursos a los partidos, y debe centrarse en una real fiscalización, ya que las autoridades no pueden indagar los recursos ilícitos o provenientes de otras entidades públicas que están inundando las campañas, como es el claro ejemplo el Estado de México. O del narcotráfico, en Nayarit, Veracruz y Coahuila

La corrupción es un problema histórico, pero en los últimos años se ha detonado una espiral que la ha llevado a niveles que están generando un proceso de descomposición de la clase política, destruyendo la confianza en las instituciones políticas, deteriorando las elecciones, así como el proceso de planeación y obra pública, afectando la productividad del país.

El germen de la corrupción es la impunidad. Atacar la corrupción no es un asunto ni educativo ni cultural sino fundamentalmente de contener las oportunidades de lucrar con el poder público en beneficio privado y castigarla cuando se cometa. Al margen de la religión, la raza, el partido político o la geografía, cuando las conductas corruptas no se castigan, se reproducen. Por eso cuando hay castigos ejemplares a los infractores, sus conductas se moderan. En México la impunidad se ha fortalecido a partir de la alternancia y el pluralismo porque la complicidad se ha arraigado como un mecanismo de protección mutua: “Yo no te señalo la cola larga porque la mía está creciendo”. En consecuencia, los partidos de oposición han dejado de serlo en la práctica porque con frecuencia sus integrantes se han vuelto administradores de prerrogativas en lugar de contrapesos políticos de quien gobierna. La democracia mexicana ha perdido el motor central que constriñe el abuso del poder: los pesos y contrapesos políticos. Sin ese motor funcionando, las leyes, los reglamentos y las burocracias son incapaces de funcionar adecuadamente para combatir la corrupción. El no investigar a fondo el origen de los recursos financieros utilizados en las elecciones de éste 4 de junio, es un acto de encubrimiento, que de paso revela al culpable.

Comentarios en Facebook a Fernando Corzantes y en a fernandocorzantes@yahoo.com.mx
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