De Siria a México: la guerra

Por Fernando Corzantes

Como balde de agua fría cayo al gobierno federal el informe que presenta anualmente el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) en Londres, en el que se señala que México es después de Siria, el país que vive una situación de violencia con mayor número de muertos. El IISS registró la muerte de 23 mil personas en 2016 vinculadas a la guerra contra el narco. Las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública mexicano estiman el número en 20 mil 824 homicidios dolosos en el mismo período (en 2015 fue de 18 mil 673 personas asesinadas, y en 2014 de 17 mil 324), pero la cifra oficial no incluye a los miles de desaparecidos (30 mil en diez años), así como a las víctimas no reportadas e invisibilizadas, lo que ofrece en sí una cifra aterradora.

En Siria, el informe anual sobre conflictos armados del organismo internacional, calcula en 50 mil los muertos por la guerra civil. El número de muertes en México supera el de Afganistán y Somalia. Lo singular es que el caso mexicano es un conflicto marcado por la ausencia de artillería, tanques o aviación de combate, pero con una altísima causal de bajas civiles y poquísimos militares. Cabe señalar que en la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo. Pero en México es al revés, ya que según las cifras del gobierno, las fuerzas armadas mexicanas matan con una eficiencia abrumadora y apilan cuerpos a gran velocidad. En un estudio sobre las guerras (desde finales de los años setenta del siglo pasado) el Comité Internacional de la Cruz Roja, encontró que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos.

Pero en México el Ejército mata a ocho enemigos por cada uno que hiere. Y en la fuerza de élite, la Marina, la discrepancia es aún más pronunciada: se mata a 30 combatientes por cada uno que hiere. Son letales, basta ver los descarados videos de su actuar. Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están mejor entrenados que los miembros de los carteles con los que se enfrentan.  Pero los expertos que estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las fuerzas armadas mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro. Paul Chevigny (Universidad de Nueva York) pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, señaló al New York Times hace un par de meses que “en México hay ejecuciones sumarias”.

En el documento “Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad”, publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (trabajo estadístico conformado con cifras oficiales obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública), se señala que durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado. El documento evidencia los escasos avances para investigar las miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han registrado desde que el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas hace una década. Ya que de las 4 mil denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, solo 15 han terminado con una condena. Así, las fuerzas armadas continúan siendo intocables, protegidas por un gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar a combate, dada la evidente corrupción de la policía federal, las estatales y municipales. Y por si faltara, se impulsa desde el poder federal una Ley de Seguridad interior que representaría el fortalecimiento de una lógica de guerra y violencia que el Estado mexicano ha venido implementando de diferentes formas durante los últimos doce años. La propuesta de Ley de Seguridad pretende regular acciones de las fuerzas armadas, las cuales no han tenido ningún resultado y que además son ilegales. Ésta es una reacción inédita en la historia de México, porque se supone que tenemos una división de poderes. Las fuerzas armadas deben estar reguladas y sometidas al poder ejecutivo y lo que vemos ahora es que se expresan por encima de éste.

Finalmente, el mismo día que el gobierno federal respondía airadamente al informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), sobre el nivel de violencia alcanzado en nuestro país, se daba a conocer el video del ajusticiamiento a un civil sometido y desarmado por parte de un miembro del ejército mexicano en Puebla. El trauma de la población por los miles de muertos y desaparecidos se hace cada vez más presente. Y hasta la fecha, la actividad del crimen organizado en el país no se ha visto reducida, sino al contrario. De Tlatlaya, Estado de México al Palmarito, Puebla, el ejército mexicano ha sido claramente evidenciado de su actuar sin ley ni orden en contra de la población civil. Ninguna ley puede ofrecer la impunidad como regla.

Comentarios en Facebook a Fernando Corzantes y en a fernandocorzantes@yahoo.com.mx
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