La ley de seguridad interior, otra afrenta

Por Fernando Corzantes

A propósito de las recientes declaraciones de Enrique Peña Nieto en las que reitera su apego a las fuerzas armadas, esto no es de gratis, es el único y último sector en el que se apoya su gobierno. Por ello le es indispensable el entregarles (a reclamo y demanda del general secretario Rafael Cienfuegos) de una Ley de Seguridad interior a modo. Pero esto no es nuevo, en octubre de 2006, poco antes de asumir la presidencia, Felipe Calderón presento el proyecto “México 2030, Proyecto de Gran Visión”, con el objetivo crear una serie de planes y metas definidas a aplicarse en los siguientes 18 años independientemente de los cambios en la administración federal.

El documento de 837 páginas resume el destino del país como mapa de ruta que Peña Nieto ha seguido al pie de la letra. Dentro del proyecto se vislumbra la estrategia, vender a México, para supuestamente erradicar la pobreza. Para ello se contemplan cinco ejes fundamentales: Estado de Derecho y Seguridad; Economía competitiva y generadora de empleos; Igualdad de oportunidades; Sustentabilidad ambiental; y Democracia efectiva y política exterior responsable. De éstos, sólo el primer eje no incluye la privatización de los bienes nacionales y servicios que ofrece el Estado. Pero lo que si contempla es la creación de marcos legales que fortalezcan la presencia del ejército en las calles. Lo cual ha sido de resultados desastrosos, pero van por más, mucho más. Antes del 30 de abril el Congreso federal pretende aprobar la Ley de Seguridad interior, a través de la cual se podría utilizar a discreción al ejército contra la población civil, lo cual representa un peligroso paso hacia un régimen militar. En esta ley no se limita a las fuerzas armadas, sino se les da un cheque en blanco para mantenerlos en las calles. El peligro es acrecentar lo que se ha visto y vivido en diez años, desde que Felipe Calderón sacó al ejército de sus cuarteles y lejos de mejorar la seguridad, ésta se ha deteriorado en todo el país, convirtiéndose la violencia en algo cotidiano para todos los mexicanos.

En 2006 los índices de homicidios era uno de los más bajos en nuestra historia contemporánea, sólo 8 por cada cien mil habitantes; en 2008 creció a 24 por cada cien mil; siendo cerca de 170 mil los mexicanos muertos desde que inició la guerra contra las drogas. Por una persona que muere por uso de drogas, 12 son asesinadas por esa guerra. Son las balas y no las drogas las que están matando a los mexicanos. De éstos, se tiene registro fehaciente de que las fuerzas públicas mataron a 3,257 personas, la misma cantidad de muertes por ejecución que realizo el régimen militar de Chile en quince años.

Otro efecto de la demencial guerra es la multiplicación de los cárteles de la droga que pasaron de ocho en 2006 a más de 200 en 2016. ¿De qué ha servido entonces el ejército? Antes de la militarización de la seguridad pública uno de cada 30 ciudadanos detenidos por las fuerzas armadas reportaba el haber sido sometido a tortura. A partir de 2006 es uno de cada tres, que reporta haber sido torturado. Siguiendo con las cifras del terror, se han documentado a más de 30 mil desparecidos en nuestro país, superando con mucho a los 22 mil desaparecidos durante el régimen militar argentino.

Al hablar el general secretario Cienfuegos reconoce estos hechos al señalar que no es la institución adecuada para reducir la violencia: señala que “…ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando”. Es claro, el ejército no está capacitado en labores de investigación, no están capacitados en labores de patrullaje civil. Y ahora se propone en el artículo 28 en las denominadas labores de inteligencia, que las autoridades puedan utilizar cualquier método de recolección de información. Cualquiera. El artículo 6° de la Ley de Seguridad interior propuesto en la Cámara de Diputados, señala que toda información recolectada a partir de esta Ley quedará reservada, incluso ni el Congreso podrá obtenerla. Y el presidente de la República puede activar esta ley por sí solo, sin la aprobación del Congreso. Donde ni siquiera se le exige que señale que objetivos persigue, cuál es el inicio y fin de una operación. Así se podrá alargar el uso de los militares en las calles, actuando libremente, haciendo atrocidades como en Tlatlaya. Y como la ley contempla el uso de “fuerza letal”, ésta podrá ser utilizada en contra de manifestaciones o acciones pacíficas. Un adelanto es la denominada “Ley Eruviel” (Ávila), que abre la puerta a la represión de organizaciones cívicas y de movimientos en defensa de las aguas, la tierra, los bosques o los minerales mexiquenses. Hay que detener la militarización del país, exigiendo la formación profesional de policías. Detengamos la Ley de Seguridad interior, entra a seguridadsinguerra.org Actuemos antes de que sea tarde.

Comentarios en Facebook a Fernando Corzantes y en fernandocorzantes@yahoo.com.mx

(Consejero del Instituto Nacional Electoral)

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