La otra reforma estructural

Por: Fernando Corzantes

En una ocasión el director de un gran número de diarios en el país (a la postre la Organización Editorial Mexicana OEM), el coronel José García Valseca adiestró a sus periodistas, “en esto del diario se puede escribir y comentar de todo, menos de tres figuras que son intocables: la Virgen de Guadalupe, el Ejército mexicano y la figura presidencial”. Para la llamada Santísima Trinidad también los tiempos han cambiando: la Virgen de Guadalupe ha sido pisoteada, banalizada cada 12 de diciembre, hecha marca en China y turbada por escándalos sexuales en curias, además de poco a poco pasar a segundo plano dentro del imaginario de la nacionalidad impoluta del mexicano. El Ejército nacional se ganó a pulso el repudio de habitantes, analistas y medios. Los derechos humanos entraron en el escenario y lo que fue prohibición se convirtió en bonanza noticiosa, sin respeto hacia el otrora omnipotente organismo castrense. El Presidente de la República es el Judas y el bufón de todos los días, poco queda de su ralea otrora cargada de fueros y ceremoniales. Al titular del Ejecutivo Federal no lo consideran respetable niños ni religiosos, ni amas de casa, estudiantes, ciudadanos de a pie o analistas profesionales.   En el caso del ejército, éste ha actuado en la ilegalidad y con la exigencia del general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda reclaman hacer legal lo ilegal de su presencia, actuación y resultados, los cuales no sólo han sido magros, sino atentadores al orden social y constitucional.   Al altanero reclamo del general Cienfuegos que cuestiono severamente a la clase política a la que sirve, al sistema judicial que separa poderes y contiene fueros, a las procuradurías y policías de todo el país que marco como ineficientes (falto corruptas), se dispararon dos corrientes visibles y públicas de acción y pensamiento. La primera solicita y servil por parte de los pregoneros del orden gubernamental y del sistema de las instituciones, que a toda prisa se preparan para la reforma estructural que cierra el círculo, la militarización del país ante el señalado fracaso de la política de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, acompañada de un corifeo de medios de comunicación que obnubilados miran de hinojos el desamparo castrense, minimizando las ambiciones de los cuerpos militares.

La otra corriente proveniente de la sociedad civil organizada e incluso del aparato oficial defensor de los derechos humanos, quienes señalan que la seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones civiles, no debiendo asumir como algo permanente y mucho menos el promover que así sea, la presencia en las calles del ejército.   La iniciativa de ley de Seguridad Interior que discute el Congreso va acompañada de una propuesta para la limitación de las garantías individuales (contención de las protestas ciudadanas), es en sí un autogolpe militar avalado por el gobierno civil.   La critica está en que las autoridades civiles están dejándose chantajear al aceptar las iniciativas que el Ejército exige y que de fondo anulan la posibilidad de la profesionalización policial.   La debilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto lo dispone a aceptar y llevar a cabo las concesiones al Ejército, colocándonos en la ruta de militarización lo cual es inaceptable.   Una serie de organizaciones civiles dieron a conocer un comunicado muy serio exigiendo que la  propuesta del coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, de presentar al pleno de esa instancia legislativa, la iniciativa presidencial de ley de seguridad interior, debe ser sometida a un debate público y que no se apruebe en un periodo extraordinario al vapor simplemente dado su impacto en toda la vida nacional.   Es clara la disputa, el mando militar está tratando de imponerse al mando civil y el Congreso, instancia cívica por naturaleza, se presta a avalar una iniciativa de ley que busca darle protección legal a lo que los militares vienen haciendo extra legalmente desde hace 10 años, se busca darles protección sin controles, sin transparencia, sin vigilancia civil al ámbito militar, con soldados cada vez más presentes, mientras los civiles se pliegan a soldados que crecen, y policías cada vez menos profesionales, encaminándonos a un estado de excepción, donde la excepción se vuelve la regla.

Y por lo pronto en Querétaro, autoridades militares refrendan el compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la XII Región Militar y la 17/a. Zona Militar, de “continuar coadyuvando para reducir la violencia y fortalecer la seguridad en el estado y el país”, “materializando una agenda de trabajo permanente a fin de inhibir los delitos de mayor incidencia en el estado de Querétaro”. Al parecer no están a disgusto con la ineficiencia policial local, ni con las labores policiacas que se les han implantado.

Ojalá que las palabras del ex Secretario de la Defensa Guillermo Galván, no se hagan una realidad en Querétaro: “A pesar de las muertes de civiles –niños, jóvenes estudiantes y adultos– en los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, son daños colaterales que son lamentables”.

Comentarios en Facebook a Fernando Corzantes y en fernandocorzantes@yahoo.com.mx(Consejero del Instituto Nacional Electoral)

 

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