Un país de pobres

Por: Fernando Corzantes

 Ante un escenario internacional francamente adverso, y no sólo hablo del triunfo de la derecha nacionalista norteamericana y el alto precio del dólar como consecuencia, sino de una nueva oleada que como plaga sumirá en la pobreza a más mexicanos.  Una de las piezas de análisis puede ser el salario en nuestro país, el cual ya es el peor de la región.  Como jinete apocalíptico las condiciones económicas de México originarán una nueva oleada de pobreza. El salario en nuestro país está ubicado en 3.9 dólares, está lejos de los 17.6 dólares de Costa Rica, o los 16.7 de Panamá, o los 12.1 de Guatemala o los 10 dólares que se pagan en Belice.

El escenario para los trabajadores mexicanos se ha complicado con la instauración de las políticas monetarias y financieras neoliberales desde hace 35 años, que implican no sólo la falta de políticas públicas para fortalecer el poder adquisitivo y la inserción del país en la llamada globalización en equidad de condiciones.  Los políticos y grandes empresarios (que son una y la misma cosa), han ido limitado a más de la mitad de la población a percibir un promedio de dos salarios mínimos, que propagan como oferta de inversión a voraces capitalistas, y que en la mayoría de los casos este dinero no es suficiente ni para la compra de alimentos.

Este terrible efecto de la forma de inserción en el mercado mundial, al interior promueve la organización y aplicación de decenas de programas sociales que propagan la beatitud de gobiernos y empresas ante el aumento de la pobreza de todo tipo (alimentaria, de salud, educativa, de empleo, etc.), y que ni siquiera llegan a ser un paliativo constante y oportuno.  Estos programas trienales o sexenales (municipales, estatales o federales) han sido una de las arcas de la abierta corrupción y el clientelismo político, a través de los cuales se realiza la compra del voto.   Para la aprobación del ejercicio presupuestal 2017, bastaron menos de tres horas en las que el Congreso de la Unión aprobó el proyecto, que asciende a cuatro billones 888 mil 892 millones de pesos (mdp), entre los cuales se “privilegian” los programas que contribuyen a la reducción de la pobreza como Prospera, para el cual se destinan 88 mil millones de pesos en beneficio de casi 7 millones de familias.   Para el acceso a la salud, el IMSS recibirá 622 mil 600 millones de pesos.  Mientras el ISSSTE recibirá 263 mil millones de pesos, al tiempo que a la Secretaría de Salud le corresponden 121 mil millones. En tanto, el Seguro Popular contará con 69 mil millones, con los que se seguirá atendiendo a más de 65 millones de beneficiarios.

En el recién aprobado Presupuesto de Egresos 2017 se autorizó el aumento de la partida asignada a 12 programas que no cuentan con metas claras, ni con una población objetivo que sea beneficiada, ni con algún mecanismo de evaluación.   En los esfuerzos por mantener recursos para dar continuidad a su política social, el gobierno conservó programas opacos (cuya escasez de información imposibilita evaluarlos), que recibirán incrementos presupuestales que ya estaban planeados, inclusive antes de que se discutiera el presupuesto.  Hay un conjunto de programas presupuestarios que no ofrecen información para ser evaluados, siendo estos la caja negra del gasto público.

Algunos instrumentos que destacan por su opacidad son el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud; el Programa Escuelas Dignas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de Prospera, donde la mano que la mece es Osorio Chong.   Más allá de estos programas clienterales y electorales, la magnitud de la situación salarial puede captarse si se compara a México no sólo con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino con los países centroamericanos.

Esta realidad no es precisamente una consecuencia de las condiciones económicas actuales, sino de toda una serie de decisiones políticas que mantienen al salario intencionalmente deprimido durante más de 35 años.  Ya que resulta inexplicable, desde el punto de vista productivo, económico e incluso moral, que economías más pequeñas, menos industrializadas, con baja capacidad exportadora y sin recursos petroleros, cuatripliquen el salario mínimo.  Aumentar el salario mínimo a un nivel por encima del costo de la canasta alimentaria, ubicada en $88.70 pesos, según números del Coneval, sería pisar el acelerador del mercado interno, lo que podría significar una gran base de apoyo para la reactivación de la economía nacional.   La oleada de empobrecimiento es grave y se tiene que actuar ahora, el salario es sólo el costo de la sobrevivencia, la responsabilidad económica no puede estar basada en el empobrecimiento de la población ni en la contención de los salarios.

La falta de políticas públicas para fortalecer el poder adquisitivo y la inserción del país en la llamado globalización, han limitado a más de la mitad de la población a percibir un salario deprimente, que en la mayoría de los casos no es suficiente a lo que deben aspirar los mexicanos.

fernandocorzantes@yahoo.com.mx
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