El presupuesto para educación superior

Por: Fernando Corzantes

Desde el acomodo en el gobierno de la tecnocracia neoliberal (1982), el Estado Mexicano ha ido abandonando la idea de la Universidad Pública como proyecto social de alcance nacional, es decir, comenzó a verse desde la perspectiva del mercado, que las universidades financiadas con recursos públicos son “entidades deficitarias” que debían reducirse para disminuir los “costos fiscales” que de su existencia generan al Estado. Desde esta perspectiva, se responsabiliza exclusivamente a las universidades públicas de la crisis de la educación superior, sin tomar en cuenta el contexto de profunda desigualdad, de pobreza masiva, de estancamiento económico, del contexto de violencia y fractura de la cohesión social, generados eso si, por las agresivas políticas individualistas y sin visión comunitaria de la cleptocracia política.

Durante los últimos lustros, el sistema de universidades públicas mexicanas ha tenido un desempeño caracterizado por la constante expansión de la calidad y pertinencia de sus programas educativos, de investigación, vinculación productiva y extensión cultural.  Esto reconocido por las propias autoridades educativas federales, al constatar que prácticamente la totalidad de instituciones de educación superior pública han logrado incrementos en las acreditaciones de calidad para sus programas por parte de los organismos oficialmente reconocidos.

Resulta un contrasentido recortar el gasto en el sistema educativo superior público cuando el país enfrenta una coyuntura en la que se le debe apoyar aún con mayor determinación y claridad.  La educación superior pública, y el desarrollo científico-tecnológico, profesional y cultural impulsado gracias a ella, es un factor de primer orden en las tareas de la movilidad social, el bienestar colectivo, la elevación de la competitividad empresarial, el crecimiento económico,  el fortalecimiento de la identidad cultural y la estabilidad social y política.

Para afrontar el rezago y la inequidad del sistema educativo, es menester que el Estado deje a un lado el rol ambivalente que ha jugado en los últimos años y asuma un renovado compromiso con el financiamiento de la educación. Tal ambivalencia se refleja en el hecho de que, mientras por un lado los gobernantes reconocen el derecho que todos tienen a la educación y su importancia para el desarrollo social y económico del país, por el otro tienden a limitar la magnitud de los recursos que destinan al sector, en los proyectos de egresos de la federación. En los últimos años, durante la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados, se ha manifestado que no hay criterios claros sobre la forma en que proceden para distribuir los recursos al sector, por lo que cada año sigue habiendo ganadores y perdedores entre todas las instancias que dependen de los recursos públicos.   Este problema también se presenta en los gobiernos de las entidades federativas, ya que la asignación que realizan los gobiernos estatales a sus correspondientes sistemas educativos presenta variaciones importantes de un ejercicio presupuestal a otro.

La disposición y consistencia de los gobiernos federal y estatal son factores importantes para asignar mayores recursos a la educación, pero éste no es el único problema que existe al respecto: una cuestión de fondo tiene que ver con la magnitud de los recursos presupuestales que se tienen para cubrir múltiples funciones, incluidas las correspondientes a la educación. Para dimensionar la situación baste señalar que actualmente los ingresos presupuestarios en el país ascienden aproximadamente a 21% del PIB, pero que sólo 18% del PIB corresponde al gasto programable, es decir, los recursos no comprometidos (por deudas o compromisos contraídos con anterioridad por el gobierno mexicano) que sirven para cubrir sus diversas funciones. De dicha cantidad, poco menos de una tercera parte se destina al gasto público en educación (5.2% del PIB).

Lo anterior significa que responder al mandato de la Ley General de Educación de otorgar el 8% del PIB a la educación, necesariamente repercutiría en la reducción del gasto de otros rubros que resultan fundamentales para el desarrollo del país, situación que provoca una dura competencia por los recursos presupuestales.   A pesar del enorme esfuerzo realizado hasta la fecha por ampliar la matrícula de educación superior, la tasa de cobertura actual para este nivel educativo es aún insatisfactoria; lo anterior implica que deberán redoblarse las inversiones en la materia para garantizar un aumento en la oferta de plazas para la población entre los 20 y 24 años, particularmente en las entidades donde el rezago en la atención de este grupo es más aguda.   La política vigente de financiamiento a la educación superior es caótica, inadecuada e insuficiente, por lo que año con año los rectores tienen que hacer gestiones presupuestales con el gobierno del estado, con la SEP, con la Secretaría de Hacienda, con diputados locales y federales para poder allegarse de un poco más de recursos que puedan cubrir sus necesidades básicas.

Un país sin una educación de calidad no puede aspirar a tener universidades de excelencia, y un país en esas condiciones no puede aspirar a un futuro de inclusión social y de realización masiva de los derechos humanos de su población. Por ello es indispensable que transformamos radicalmente estas condiciones. ¿O deberíamos comenzar a aceptarlas? Esto es éticamente inviable.

fernandocorzantes@yahoo.com.mx
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