Temporada de informes

Por: Fernando Corzantes

Desde los primeros años de vida independiente, en nuestro país los gobernantes han informado al Congreso sobre el estado que guarda la Nación, conforme a una disposición iniciada por la Constitución española en 1812. Los primeros informes no tuvieron reglamentación definida. Incluso Iturbide presentó dos informes: en noviembre de 1822 y en marzo de 1823.

Un año después al ser creada la Primera República Federal y promulgada la Constitución de 1824, en sus artículos 67 y 68 dispuso que anualmente se reuniría el Congreso el 1º de enero con la asistencia del Presidente de la Federación. Siguiendo este ordenamiento, el 1º de enero de 1825, el Presidente Guadalupe Victoria presentó el primer informe presidencial de la historia de México en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso General, e inició la tradición de informar verbalmente al Congreso. A partir de ese año, 65 presidentes lo hicieron así, hasta que Felipe Calderón Hinojosa sólo envió de manera deslucida al Congreso su segundo informe por escrito.

En la Constitución de 1917, el artículo 65 dispuso que “el Congreso se reunirá el día 1º de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias” y el 69 que “a la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito. En la década de los años 20’s, bajo los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, la ceremonia del informe adoptó un formato que con pocas variantes evolucionaría hasta 2007.

Así, los informes presidenciales se fueron convirtiendo en una ocasión para mostrar la fuerza, solidez, cohesión y disciplina del sistema político nacional en torno a la figura del Presidente de la República.  Además, se fueron adhiriendo una serie de prácticas paralelas a la ceremonia principal, que se fue transformando así en un ritual complejo y elaborado, ejemplo de la cultura política presidencialista. Este ceremonial paralelo del Informe Presidencial fue complementándose con el tiempo, hasta alcanzar un conjunto de actividades oficiales que convirtieron al día del informe en “el día del Presidente”, la fiesta por excelencia del presidencialismo mexicano.

El 15 de agosto de 2008, después de ser aprobada por las cámaras de diputados y de senadores, así como de la mayoría de las legislaturas locales, se publicó la reforma al artículo 69 constitucional, en la que se suprimió la obligación del Presidente de asistir a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso. Para así finalmente, el 1º de septiembre de 2008, se dio por terminado lo que quedaba de la ceremonia organizada para un solo hombre.

Uno de los ejes de la cultura política nacional es la burda copia del ceremonial en los Estados, donde el protocolo, el oropel, la presencia de las fuerzas vivas se dan cita en el informe estatal, convertido en “el día del Gobernador”. Pocos estados han variado esta costumbre y con la fuerza del aparato de gobierno y el apoyo de la maquinaria partidista, sigue presente la costumbre de adular al titular del Ejecutivo del Estado, llegando ahora a la suntuosidad municipal.

El protocolo de los informes de gobierno, son la alfombra roja gubernamental y municipal, que se convierte en una pasarela de quienes pretenden estar en la escena política. A los informes asisten estratégicamente personajes que pretenden o muestran su cercanía al poder. Toda la clase política y empresarial va al Informe y asisten al evento para impulsar sus aspiraciones políticas y sus intereses económicos.

El formato que se utiliza no es un ejercicio que promueva la rendición de cuentas, y que permita que se escuchen las voces de las diferentes fuerzas políticas. El esquema de informe ciudadano es sólo un adorno, lo que se busca es privilegiar la figura de un ciudadano únicamente. Es indispensable que el formato cambie, a fin de que haya una mayor transparencia en la rendición de cuentas, ya que es sano que se escuche las percepción de las fuerzas opositoras representadas en los Ayuntamientos y en el Congreso, a fin de forzar la rendición de cuentas objetiva y real, ya que el adeudo de información en materia de seguridad, movilidad,  empleo, concesiones y transparencia, son el distintivo de las actuales administraciones.

Nuestro país ha concurrido con más pena que gloria, por la etapa de transición democrática.   Y lo que la gente exige ahora es que sus gobiernos den resultados. Para ello es urgente construir las instituciones de rendición de cuentas, tanto en el ámbito federal como en los gobiernos estatales y municipales. Porque de hecho la percepción es que a pesar de las continuas reformas, se tiene un estado vacío al no producir gobiernos eficaces, transparentes y honestos.

fernandocorzantes@yahoo.com.mx

 

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